Problema con cadáveres en Puerto Rico lleva años pero se agravó en los pasados cuatro meses

Aug 3, 2018
9:46 am
Originally published at Centro de Periodismo Investigativo

Por Jeniffer Wiscovitch

Mónica Menéndez, subcomisionada del NCF, dijo que no cuenta con los recursos necesarios para atender el problema de la acumulación de cadáveres en el NCF. (Foto de Dennis Rivera Pichardo | Centro de Periodismo Investigativo)

No se sabe si la acumulación de cadáveres en los vagones del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) se debe a la falta de presupuesto de la agencia, la falta de patólogos forenses, a la ausencia de un comisionado en funciones, o a que los médicos no quieren certificar muertos en los hospitales. Lo que es cierto es que no fue hasta que comenzaron a apestar los cadáveres a mediados de julio que las autoridades comenzaron a movilizarse para atender el problema, que al menos lleva tres meses en aumento exponencial.

El NCF se ampara en su ley orgánica para justificar la acumulación de 52 cadáveres en su sede que ya fueron identificados por sus familiares, pero que no han sido reclamados para su entierro o cremación. Sin embargo, el texto de la ley derrota esta alegación.

Estos 52 cadáveres son parte de los 327 cuerpos que alberga la agencia y que agravan el problema de hacinamiento, provocado por una alegada falta de patólogos y recursos para realizar las autopsias.

Al menos esta es la explicación que brinda Mónica Menéndez, subcomisionada del NCF, al ser abordaba sobre el porqué el Negociado no entierra los cadáveres ya identificados.

Según la funcionaria, los artículos 4.19 y 4.20 de la Ley 20 que creó en abril del 2017 el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP) prohíben disponer de cadáveres aunque hayan sido identificados por sus familiares.

“Cuando se creó la ley, lo menos que uno se iba a imaginar es que un familiar  viniera a identificar a su familiar y dejara el cadáver aquí. Fue algo que no se contempló cuando se hizo la ley. Es algo que uno piensa que no va a suceder. Ahí es que nos vemos en que el Departamento Legal estamos aguantados”, sostuvo la funcionaria.

No obstante, la Comisión de Legislación del Colegio de Abogados aseguró que el NCF “tiene remedio en ley para disponer de los cadáveres que no han sido reclamados”, pero sí identificados por los familiares.

Según la Comisión analizó a pedido del Centro de Periodismo Investigativo, en los artículos 4.19 y 4.20 de la Ley 20 no se habla de identificación de cadáveres sino de disposición, dos términos diferentes.

“La ley es clara y establece que si el cadáver no es reclamado (que nada tiene que ver con identificación), NCF puede disponer de él. La ley habla de reclamar, no de identificar. Si hay un reglamento o directriz administrativa que dice diferente o establece más requisitos a los establecidos en la ley, la agencia se está extralimitando de las funciones delegadas por la Asamblea Legislativa”.

La Ley establece que si transcurren 10 días luego de que se realiza la autopsia e investigación y el cadáver no fue reclamado, el Negociado de Ciencias Forenses podrá disponer del cadáver para enterramiento o cremación según los recursos disponibles. Así también, todo cadáver no reclamado se podrá destinar para estudios científicos según requerido por los mejores intereses del Gobierno y la sociedad en general.

La Comisión también planteó su preocupación ante el hecho de que la ley no establezca un término para que el Negociado realice una autopsia o investigación, algo que afecta directamente a los familiares de los fallecidos que desean tener los cuerpos lo más rápido posible para realizar las exequias fúnebres.

A juicio de Carlos Vélez, presidente del sindicato Servidores Públicos Unidos que agrupa a los empleados del NCF, Menéndez está malinterpretando la ley.

Los pasados directores de Ciencias Forenses ordenaban enterrar semanalmente los cadáveres no reclamados por sus familiares, ya que estos no tenían la capacidad económica para darles sepultura, aseguró Vélez.

Menéndez aseguró que están siendo “más proactivos” en preguntarles a las personas si tienen problemas económicos para enterrar a sus familiares y así buscar alternativas, como la cremación, para disponer de los cuerpos.

La funcionaria indicó que hasta que no se enmiende la Ley 20, los 52 cadáveres identificados pero no reclamados continuará en Ciencias Fo

Sin plan

Según Vélez, el NCF no cuenta con un plan para mitigar la situación de los cadáveres. El costo de cada entierro es de aproximadamente $300 por cuerpo: $100 del ataúd de madera, $150 por la transportación y unos $50 adicionales en equipos, explicó. Para enterrar los 52 cadáveres que fueron identificados, pero no reclamados en el NCF, serían necesarios unos $16,000.

Vélez atribuyó la problemática a la “falta de experiencia y capacidad” de los directivos actuales del Negociado. Asegura que, además de patólogos, hacen falta más investigadores forenses, químicos, balísticos, entre otros científicos que en los últimos años se han ido a trabajar al exterior, porque según su perspectiva en Puerto Rico los salarios son bajos para estos profesionales.

Indicó, además, que no se debió llegar a tener una acumulación de tantos cadáveres para entonces buscar soluciones a la crisis.

“El doctor (Edwin) Crespo (comisionado del NCF) tiene la preparación, pero administrativamente no ha estado frente a la agencia por una situación de salud”, manifestó.

Última prioridad para los Jane y John Doe

Actualmente, el NCF tiene unos 327 cadáveres, entre los que se incluyen los 52 identificados por familiares pero no reclamados, 152 Jane y John Doe, 63 identificados en la escena pero no por familiares en el NCF y 60 del 2018 pendientes de autopsia.

Los Jane y John Doe, o cadáveres no identificados, pasan a la última prioridad en el Negociado, ya que al ser casos bajo investigación tienen que pasar por una autopsia, y la agencia solo tiene cinco patólogos, cuando serían necesarios 15 para atender la totalidad de casos que llegan. Por esta razón, la prioridad es sacar los cuerpos que sí fueron identificados para que sus familiares puedan disponer de ellos, indicó Menéndez.

Los cadáveres no identificados no pueden ser enterrados hasta que se les realice la autopsia y pasen por un proceso de identificación científica.

Actualmente, de casos de Jane y John Doe, hay 5 de 2015; 16 de 2016; 24 de 2017 y 107 de 2018, de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Negociado, para totalizar los 152.

Más trabajo para los patólogos

Los únicos casos de muerte natural que deberían pasar al NCF son los provenientes de asilos. Sin embargo, desde mayo se ha visto un incremento de casos adicionales de muerte natural que llegan a la agencia provenientes de hospitales y sin certificado de defunción.

Menéndez aseguró que estos casos llegan con un sumario médico que especifica la causa y manera de la muerte, por lo que no entiende la razón para que los envíen al Negociado sin certificar.

“Es una incógnita”, aseguró la subcomisionada sobre esta situación.

En mayo, dijo, tenían 504 cadáveres en el Negociado, de los cuales 278 eran por muerte natural y en 108 casos se conocía de qué murieron, pero los médicos, por alguna razón, no llenaron el certificado de defunción. Es entonces que el NCF tiene que hacerse cargo de estos cuerpos y los patólogos realizarle un examen externo, lo que les resta tiempo para otras labores.

Menéndez dijo que espera por una reunión con el Secretario de Salud para buscarle una solución a este problema, que según ella, se agudizó desde mayo.

El CPI intentó obtener una reacción del presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, pero este no respondió.

A finales de julio, las Comisiones de Salud y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes llegaron en una vista ocular sorpresa al Negociado para inspeccionar los cinco vagones estacionados frente a la facilidad atendiendo  las quejas de residentes de la zona de un fuerte olor. Ese día no fue posible que los representantes inspeccionaran  el interior de los vagones, donde almacenan 73 cadáveres, porque el Negociado no quería que la prensa estuviera presente. Los representantes acudieron al tribunal buscando remedio para realizar la inspección ocular. La jueza Lauracelis Roques Arroyo desestimó el mandamus radicado por la Cámara de Representantes porque, dijo, la facultad de los cuerpos legislativos es amplia pero no absoluta.

Posteriormente, el Gobernador también visitó el Negociado, pero no inspeccionó los vagones. Anunció la solicitud de ayuda al Departamento de Salud federal pidiendo el envío de patólogos. Los funcionarios federales están en la isla desde este martes, 31 de julio.

Según el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, su única intención es buscar una solución al problema que les aqueja. “No podemos seguir diciendo que tenemos problemas económicos y no hacer nada”, sostuvo el legislador.

Menéndez dijo a la prensa durante esa visita de los representantes: “Tengo personal limitado, no tengo presupuesto y estoy escasa en recursos”.

Un recorte de $1 millón en la partida de nómina del NCF podría concretarse de ser aprobado el presupuesto presentando en la Legislatura.

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