Con vida en Puerto Rico (OPINIÓN)

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May 27, 2020
11:45 AM

(Foto de Frances Negrón-Muntaner)

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Dos meses después que el gobierno de Puerto Rico decretó un toque de queda, aún no queda claro si el brote de coronavirus allí redundará en otra catástrofe. Algunos plantean que es inevitable, dada la multitud de “condiciones preexistentes” en el archipiélago. Además de estar subordinado a la soberanía del Congreso de los Estados Unidos, estas condiciones incluyen una alta proporción de adultos mayores o que padecen enfermedades, un número limitado de profesionales médicos y camas de hospital, numerosas personas en situaciones de vida inseguras debido a la violencia de género o a la falta de vivienda, y un gobierno corrupto y negligente.

Pero a diferencia de muchos residentes de los Estados Unidos y de otras regiones del mundo, los puertorriqueños no están en shock. Tampoco consideran nuevo o excepcional el desprecio del estado neoliberal por la vida. Es más, están preparados. A lo largo de la última década, la política de base en Puerto Rico se ha centrado principalmente en lo que la mayoría de la humanidad está tratando de hacer ahora: mantenerse con vida.

Abarcando al menos tres dimensiones —salvaguardar la vida, vivirla plenamente y el júbilo en la justicia— la transición colectiva hacia una política de la vida surge de varias catástrofes entrelazadas a la llamada “crisis de la deuda”. Gestándose desde la década de los setenta, la crisis irrumpió en la conciencia mundial en 2015, cuando el entonces gobernador Alejandro García Padilla anunció que Puerto Rico había acumulado una deuda pública tan cuantiosa que resultaba “impagable”: $72 billones, además de los $50 billones ya comprometidos para las pensiones. En parte, la deuda se deriva de la eliminación gradual a lo largo de una década (1996-2006) de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos que buscaba asegurar altos márgenes de ganancia a las corporaciones estadounidenses que operaban en la isla mediante la extensión de exenciones fiscales. El Congreso, sin embargo, abolió las exenciones fiscales para financiar un aumento del salario mínimo en los Estados Unidos, lo que provocó una ola de cierres de fábricas, la pérdida de100.000 empleos y una recesión más profunda en Puerto Rico que la experimentada en los Estados Unidos.

Mientras que la creación de la deuda es en sí misma indicativa de una crisis política mayor, fue la respuesta de los EE.UU. la que oficialmente transformó “la deuda” en “la crisis”. Descartando las alternativas propuestas por el senador Bernie Sanders y otros que apoyaban la reducción de la deuda y el acceso equitativo a los recursos, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, HR5278, 2016) que devolvió a la isla una forma directa de dominio colonial.

El proyecto de ley creó una junta de control fiscal compuesta por siete personas nombradas por el gobierno estadounidense con profundos vínculos con la industria bancaria, incluidas algunas entidades directamente involucradas en la producción de la deuda. El objetivo fundamental de “la junta”, como los puertorriqueños llaman peyorativamente al grupo para resaltar su carácter autoritario y letal, es extraer el pago a través de la privatización y los recortes a los servicios y necesidades críticas como la atención sanitaria, la educación, la infraestructura y las pensiones.

Acto seguido, llegó María, un huracán de categoría cinco que tocó tierra en la isla el 16 de septiembre de 2017. María visibilizó los estragos del gobierno neoliberal-colonial al destruir una decrépita red eléctrica, provocar apagones que duraron casi un año, y dejando a su rastro medio millón de residentes desahuciados, con hogares parcial o totalmente destruidos. Subrayando el hecho de que no hay tal cosa como un “desastre natural”, tanto el gobierno federal como el insular fomentaron el auge del capitalismo del desastre y rehusaron proporcionar ayuda adecuada y puntual. Esto tuvo como consecuencia el hambre, el desamparo y las muertes de al menos 4,645 personas. María también desató la emigración de al menos120,000 residentes (un 4% de la población), a medida que las tasas de pobreza alcanzaban una tasa de casi 50%.

Luego fue el “enjambre”: más de 3,000 temblores que han sacudido a Puerto Rico desde el 2019. Aunque era difícil de imaginar, el pasado 7 de enero, las personas próximas al epicentro sintieron el suelo bajo sus pies no solo vibrar sino en más de un sentido colapsar. Al amanecer, un poderoso terremoto de 6.4 grados en la escala de Richter dejó sin electricidad a todo Puerto Rico durante varios días y arrasó vecindarios en la costa sureste. La actividad sísmica ya ha cobrado la vida de cuatro personas, ha destruido 33,000 hogares en 33 municipios, ha dejado a un mínimo de 2,000 personas sin hogar y a otros 8,000 más durmiendo al aire libre o en refugios improvisados por temor a los posibles derrumbes de paredes o techos. Aunque el gobierno logró restaurar la electricidad en el transcurso de una semana, la situación no deja de ser crítica. Miles aún permanecen viviendo en las aceras y partes de la isla siguen sintiendo los temblores y las réplicas. Tan recientemente como el 2 de mayo, un terremoto de magnitud 5.5 sacudió a Ponce y a los municipios adyacentes, lo cual causó el desplazamiento de cincuenta familias y destrozó edificios históricos, incluyendo el Museo de la Masacre de Ponce.

 

Si bien el enjambre no ha resultado tan fatal como María y ha suscitado menos reflexión, éste también ha tenido un efecto profundamente transformador. Como fueron descubriendo los puertorriqueños, aun bajo las mismas condiciones políticas, sobrellevar terremotos es completamente diferente a sobrevivir huracanes. Un huracán puede ser devastador, pero se puede anticipar, se entiende que cesará en pocos días, y rara vez impacta el mismo lugar en múltiples ocasiones. El hecho de se asignan nombres propios a los huracanes para facilitar respuestas de emergencia los convierte en personajes de un drama compartido. En el caso de María, hasta su nombre era familiar: evocaba a la Virgen María, a la clásica telenovela El hijo de Ángela María, y hasta a la protagonista de West Side Story (1961).

En cambio, aunque tienen duración y origen, los temblores pueden ser cientos, llegan sin aviso y se desconoce cuando van a cesar. En cuestión de segundos, parecen aniquilar al azar, sin nombre ni objetivo. Los sismos del 2019 revelaron asimismo que la mayor parte de las casas, escuelas y edificios en Puerto Rico no acatan las normas de construcción. Al sacudir estructuras mal construidas y previamente debilitadas por el huracán, los sismos incluso transformaron a los refugios de cemento aparentemente sólidos en posibles sarcófagos.

Pero el enjambre de terremotos que estremeció al país mostró algo que María no había esclarecido del todo: que “el sur también existe”. Es decir, María discriminó poco en su impacto inicial: todo el archipiélago de Puerto Rico quedó en penumbra por casi un año, y gran parte sin agua, servicios, y apoyo gubernamental. Aunque la llamada “recuperación” post-María fue desigual, los terremotos evidenciaron que no sólo hay jerarquías entre regiones, sino que estas continúan profundizándose según avanza el proyecto capitalista-colonial. Esta lógica reproduce tanto las relaciones coloniales entre Puerto Rico y los Estados Unidos, como la colonialidad entre San Juan, ciudad capital, y el resto de la isla.

El fenómeno es notable en que los municipios más afectados —entre ellos, Guayanilla, Peñuelas, Guánica, Ponce, Yauco, y Utuado— no participan del auge de bienes raíces de zonas metropolitanas como el Viejo San Juan o El Condado. En estas áreas escasea la oferta inmobiliaria, los apartamentos de una habitación sobrepasan el medio millón de dólares, y muchos compradores pagan en efectivo.

Mientras tanto, en el municipio sureño de Guánica, el 65% de sus residentes y un 82% de los niños viven bajo el nivel de pobreza. Para el mes de marzo, 800 familias habían abandonado a Yauco a consecuencia de que el gobierno de Puerto Rico no ha realizado nuevas gestiones para reabrir escuelas o suplir fondos para la reconstrucción, aún cuando ha acumulado una reserva de nueve billones para cubrir la deuda. Tanto para el capital como para el estado, la zona geográfica que los puertorriqueños suelen llamar “la isla” —es decir, todo lo que quede fuera de la zona metropolitana de San Juan)— no cuenta.

Dentro de la casa de William Mercuchi, Yauco, Puerto Rico, 7 de enero de 2020 (Foto AP/Carlos Giusti)

Asimismo, la respuesta gubernamental a los terremotos confirmó que la privatización y el abandono estatal que aquejó a los puertorriqueños a raíz de María no fue simplemente el resultado de la incompetencia política. En cambio, demuestra que, aparte de ser una lógica de extracción, el neoliberalismo es un proyecto necropolítico encabezado por élites transnacionales que constituyen una normalidad colonial-capitalista particular. Desde que Estados Unidos invadió a Puerto Rico, diferentes sectores del capital han sometido a la isla a tres formas de extracción, produciendo a su vez distintas subjetividades y organización social: agrícola (1898-1945), manufacturera (1945-2006) y ahora deuda neoliberal (2006 al presente). En cierta medida, esta última modalidad puede ser la más nociva. Sirviendo a los intereses del capital financiero, los bienes raíces y el turismo, su finalidad no se circunscribe al lucro, a la privatización, o a la expulsión de la mano de obra, sino que también pretende escenificar una “isla vacía” de puertorriqueños.

Un claro ejemplo es que casi tres años a partir del impacto del Huracán María, el presidente Donald Trump, el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) Ben Carson, y el administrador de la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA), Peter Gaynor, insistían en retener los $36 billones en fondos de recuperación aprobados por el Congreso para Puerto Rico. Una vez la presión política resultó insostenible a medida que los temblores arrasaron, Trump no tuvo otra opción que permitir un desembolso parcial: $1.5 billones. La administración Trump, sin embargo, impuso condiciones a Puerto Rico que no les aplica a los estados federados cuando confrontan circunstancias similares. Entre ellas, el requisito de que los fondos de emergencia deben contar con la aprobación de la Junta de Control Fiscal; la suspensión del salario mínimo de $15 dólares para los trabajadores contratados con fondos federales; y la prohibición de usar los fondos para mejorar la infraestructura eléctrica, a pesar de que los dineros designados para este propósito tampoco se han materializado.

Además de restringir los recursos, el proceso de internalización despoja a las personas y a las comunidades de limitados ingresos en el mercado minorista, dominado casi por completo por las empresas estadounidenses. Esto ocurre cuando los residentes no tienen otra opción que acudir a tiendas como Walmart, Costco y Walgreens para comprar artículos de supervivencia que el estado se niega a proporcionar en tiempos de emergencia. Entre estos artículos indispensables se encuentran el agua, las tiendas de campaña y las baterías.

La interiorización, sin embargo, va más allá de la privatización de recursos y el abandono de las poblaciones. También incluye la ingestión corporal de la violencia colonial-capitalista que atenta contra la salud física y mental. Los puertorriqueños no sólo pierden sus viviendas y ven morir a sus parientes, sino que pueden leer en tiempo real las declaraciones que confirman que ni el gobierno de los Estados Unidos ni el de Puerto Rico valora sus vidas. Como expresó María, una mujer de Yauco que reside en una caseta de campaña y ha intentado el suicidio en varias ocasiones, “es como si a nadie le importara”. Y en eso, María no está sola. Desde que se aceleran las políticas neoliberales en el 2000, el suicidio representa una estrategia cada vez más común para obviar la crisis. A partir del Huracán María, más de 200 personas se suicidan anualmente. Una vez comenzaron los terremotos, el número de llamadas diarias a la línea directa de prevención de suicidios aumentó a unas 1,600.

Esta interiorización neoliberal entonces tiene poco que ver con la que describen teóricos influyentes como Byung Chul-Chan en textos como Psychopolitics (2017). Según su perspectiva, la insurrección es imposible hoy porque las redes sociales y el “poder blando” del neoliberalismo resultan irresistiblemente seductores. Sin embargo, está claro que para muchos residentes de Puerto Rico el neoliberalismo no es seductor. Por el contrario, constituye una violencia de tal magnitud que, cómo ha sugerido René Pérez, poeta del reguetón, es preciso “escupirla”.

Por lo tanto, exteriorizar el desastre se ha convertido en una de las claves políticas principales en al menos en dos sentidos fundamentales. En primer lugar, numerosos puertorriqueños han afirmado que sin sur no hay norte. Una vez más, tanto residentes de Puerto Rico como de la diáspora, se han movilizado para apoyar a las comunidades afectadas con mayor agilidad, compromiso y dedicación que cualquiera de los dos gobiernos. Tal praxis incluye iniciativas para recaudar dinero o prestar ayuda directamente en áreas como la educación y la salud. Un ejemplo fue la caravana de camioneros y motociclistas voluntarios que los activistas Rey Charlie y Gully Santiago organizaron de inmediato, para proveer suministros a los damnificados en Guánica y Guayanilla. Otra instancia es la de las Clínicas Solidarias, un grupo de profesionales de la salud, arquitectos, propulsores de la energía sostenible y líderes comunitarios que colaboraron para instalar una carpa y prestar servicios de salud gratuitos a cinco comunidades de la zona sureña.

Escuela Adripina Seda, Guánica, Puerto Rico, 7 de enero de 2020 (Foto AP/Carlos Giusti)

Aunque pueda parecer que estas respuestas asumen el rol de autoayuda que imponen el capital y el estado, los puertorriqueños no han ofrecido su apoyo de manera pasiva. Al contrario. Las llamadas prácticas de autogestión son parte de un movimiento más amplio. Bajo la consigna de “nos tenemos” este acercamiento político reúne cuerpos, historias y lazos comunitarios para desafiar la lógica colonial-capitalista y plantear otra manera de vivir. La autogestión es evidente no sólo en las brigadas y grupos que se constituyen ante una coyuntura en particular, sino también en la labor de organizaciones comunitarias con estrategias a largo plazo como la iniciativa G-8 en el Caño Martín Peña; Aquí Vive Gente, en Puerta de Tierra; y Taller Salud, entre muchas otras.

En segundo lugar, exteriorizar es relatar, revelar y recordar. Mientras que en los últimos años, incluso algunos activistas reiteraban el discurso de la resiliencia puertorriqueña, diseminado por la filantropía y el gobierno local, estos agentes políticos no cifran su atención en “los pobres” o “los necesitados”, sino que se fijan en aquéllos que, desde un sitial de poder, se limitan a empobrecer a otros, a hacerlos sufrir y a dejarlos morir. Esta estrategia se observó claramente durante las protestas del verano del 2019, que culminaron en la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Luego de las expresiones despectivas que compartieron y celebraron miembros del círculo de confianza del gobernador, aludiendo a las víctimas del Huracán María (“¿No tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos?”), miles de manifestantes desplegaron sus cuerpos como lienzos móviles. Sobre éstos, los activistas pintaron lágrimas, sangre y el número 4,645 para conmemorar a las víctimas que fallecieron tras el huracán. La misma estrategia fue evidente el 22 de enero, cuando un grupo de activistas y residentes increparon en un café a Ricardo Llerandi, exsecretario de la gobernación bajo Rosselló “al son de cacerolazos” y le preguntaron a coro: “¿Cómo se siente ser responsable de dejar morir a la gente en nuestro país?”

La pandemia del COVID-19 representa entonces nuevas circunstancias, pero no precisamente un fenómeno nuevo. A diferencia de crisis previas, el gobierno ha tomado acción con prontitud y ha adoptado medidas preventivas, tales como un toque de queda. No obstante, la motivación primordial no ha sido salvar vidas sino evitar el colapso de la infraestructura médica durante un año electoral. Intenta también perpetuar la corrupción en un momento en que las comunidades se encuentran en plan de supervivencia y les resulta difícil organizar marchas y manifestaciones.

La prioridad de supervivencia del estado sobre los residentes es evidente en el hecho de que no ha proporcionado opciones de alojamiento seguro a las personas en la zona de los temblores, a las que cohabitan con personas abusivas, o a las personas encarceladas. Además, aunque el gobierno ha arrestado a centenares de ciudadanos por violar el toque de queda, tiene un récord abismal en la provisión de pruebas de COVID-19. Con un promedio de 15 pruebas diarias por cada 100,000 habitantes, esta tasa por cápita es menor que en cualquier otro estado o territorio estadounidense. Otro ejemplo revelador es que en abril las autoridades adquirieron equipos de pruebas rápidas de COVID-19 valorizados en $38 millones de una pequeña compañía de construcción sin ninguna experiencia en la producción de equipo médico, pero con vínculos al partido gobernante. Estas pruebas no solo resultaron inutilizables, dado que no contaban con la aprobación del FDA, sino que ni siquiera llegaron a su destino.

Wanda Vázquez Garced (Foto AP/Carlos Giusti)

Nuevamente, valorando la vida y a los demás sobre el estado y el capital, las comunidades se han organizado de formas conocidas y nuevas. En Guánica, la Red Comunitaria de Respuesta recaudó fondos para proveer pruebas gratuitas, organizó un servicio de detección de síntomas y diseminó información por las calles mediante altoparlantes para mantener a los vecinos bien informados. El 15 de abril, bajo el lema de “más pruebas, menos corrupción”, varios grupos —incluyendo a la Colectiva Feminista en Construcción, la red de distribución de alimentos Comedores Sociales y el grupo anti-deuda “Jornada: Se Acabaron las Promesas”— organizaron una #caravanacombativa. Esta caravana conllevó una protesta en automóviles (“drive through”) frente a la WIPR, sede de la estación gubernamental de televisión. El propósito de la manifestación fue exigir que la gobernadora Wanda Vázquez aumentara el número de pruebas; detuviera los contratos fraudulentos; fomentara las medidas de salud, en lugar de los arrestos; diseminara datos fiables; y permitiera que los periodistas asistieran a las sesiones informativas del gobierno.

El 30 de abril los activistas organizaron una segunda protesta que designaron explícitamente “La caravana por la vida”. En esta ocasión, los manifestantes reclamaron la implementación de políticas tales como un cese en el aumento de los precios de los alimentos, la reapertura de los comedores escolares y la distribución de dinero en efectivo, así como otras medidas para garantizar que nadie pase hambre en Puerto Rico. Durante esta protesta, la policía arrestó a Giovanni Roberto, fundador de la red Comedores Sociales y, tan predecible como irónicamente, le impuso cargos por desafiar el toque de queda y “obstruir la justicia”.

Al fin y al cabo, a pesar de que las élites gobernantes rehúsan “aprender” de cada catástrofe, el Huracán María estremeció tanto a la naturaleza como a las conciencias; los temblores desataron nuevas réplicas políticas; y la pandemia reafirmó de que la lucha fundamental puertorriqueña es por la supervivencia. Inquebrantables, muchos vislumbran que del intento de privatizarlo todo, cada día se consolida un sentido más robusto de lo colectivo y de otras formas de vivir. Esta trayectoria será necesaria, no solo para Puerto Rico, sino para gran parte de la humanidad, antes, durante y después del COVID-19.

Partly translated from the English by Eunice Rodríguez Ferguson and Frances Negrón-Muntaner.

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Frances Negrón-Muntaner. Artista y profesora de la Universidad de Columbia. Su proyecto más reciente es la instalación de arte Valor y Cambio

Eunice Rodríguez Ferguson y Frances Negrón-Muntaner tradujeron al español algunas partes de este ensayo, que también se publicó en inglés.

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